Habitantes de la colonia San Damián, en Mérida, Yucatán, lograron frenar la instalación de un gasoducto de la empresa Tractebel GNP, conocida comercialmente como ENGIE, después de cinco años de litigio. Una sentencia vinculada con el juicio de amparo 492/2021 ordenó revocar las licencias de construcción y realizar un ejercicio de participación pública sobre el proyecto.
El Ayuntamiento de Mérida informó que la empresa manifestó su desistimiento de continuar con las obras en esa vialidad. La decisión representa un avance para el colectivo Defensores de San Damián, aunque los habitantes mantienen dudas sobre el destino de los ductos que ya fueron instalados debajo de algunas calles.
Una resolución tras cinco años de litigio
El amparo fue promovido por vecinos de San Damián ante el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán, con acompañamiento de Kanan Derechos Humanos. La resolución determinó que las autoridades municipales debían revocar las licencias otorgadas a la empresa y garantizar información sobre los posibles beneficios, perjuicios e impactos de la instalación de ductos de gas natural en la zona.
El proceso vecinal estuvo marcado por reclamos relacionados con la falta de información, presuntos engaños e intimidación durante el intento de instalar infraestructura de gas natural frente a viviendas. Los residentes también cuestionaron la participación ciudadana y las condiciones en que se autorizaron las obras.
Persisten dudas sobre los ductos instalados
Aunque el proyecto no continuará en la vialidad señalada, los vecinos solicitaron claridad sobre los ductos colocados durante el desarrollo de las obras. La resolución del conflicto no establece, por sí misma, qué ocurrirá con esa infraestructura ni si será retirada, por lo que este punto permanece pendiente.
El caso de San Damián coloca nuevamente en el centro del debate la obligación de informar y abrir espacios de participación pública antes de ejecutar proyectos de infraestructura que puedan afectar directamente a comunidades habitacionales. Para los vecinos, el freno al gasoducto es resultado de la organización comunitaria y de la defensa legal emprendida desde 2021.